Comunicado 25
Secretaría de la Función Pública
México, D.F.
Investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) pusieron al descubierto una red de corrupción, dedicada al otorgamiento presuntamente ilegal de créditos hipotecarios, en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).
Desde las primeras revisiones centradas en las operaciones realizadas entre enero y octubre de 2008, la SFP detectó indicios que le llevaron a ampliar la investigación sobre la entrega de créditos irregulares durante otros años; y estima que habría más de cuatro mil 500 créditos otorgados de manera irregular, que constituyen un presunto fraude por más de 570 millones de pesos.
Las acciones de fiscalización por parte de la dependencia federal han permitido documentar, hasta el momento, mil 180 créditos otorgados de manera irregular, entre enero y octubre del año 2008, de los más de cuatro mil 500 que se presume han sido entregados.
En la red de corrupción detectada se presume la participación de empleados de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), servidores públicos del FOVISSSTE y los propios beneficiarios de los créditos irregulares.
La tramitación de los créditos se gestaba a partir de documentos presuntamente falsos que los trabajadores beneficiarios entregaban a las SOFOLES y de la alteración de las constancias de ingresos y recibos de nómina.
Esto permitía a los trabajadores acceder a créditos superiores a lo que les correspondía y en consecuencia el descuento que el FOVISSSTE aplicaba para el pago de su crédito no soportaría el adeudo.
La investigación de la SFP comenzó a finales de 2008 con una auditoría, a cargo del Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE. En esta primera investigación se detectaron los mil 180 créditos irregulares mencionados, que constituyen un presunto fraude por 190 millones de pesos.
Por ello, la Secretaría de la Función Pública ha presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) cuatro denuncias penales, contra 117 involucrados, quienes podrían hacerse acreedores a una pena de prisión de hasta 12 años.
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